San Salvador (EFE).- La reciente reforma penal aprobada por el Congreso de El Salvador, que permite el encarcelamiento de menores de edad en prisiones para adultos, viola estándares internacionales y expone a los adolescentes a mayores riesgos de abuso, advirtió Human Rights Watch (HRW) este lunes.
“Estas reformas legislativas someten a niños y niñas al sistema penitenciario para adultos en El Salvador, un entorno que ha sido responsable de torturas y otros abusos graves”, señaló Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, en un comunicado. Además, sostuvo que trasladar a menores a centros de detención para adultos, aunque sean ubicados en áreas separadas, representa un grave retroceso en la protección de los derechos de la infancia y adolescencia en el país.
HRW recordó que, en un informe publicado a mediados de 2024, documentó violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y vulneraciones del debido proceso contra niños y niñas desde los 12 años de edad.
Denuncian detenciones arbitrarias de menores en El Salvador
Desde la instauración del régimen de excepción en marzo de 2022, tras un fin de semana en el que se registraron más de 80 homicidios, el presidente Nayib Bukele solicitó la suspensión de derechos constitucionales para enfrentar a las pandillas. En este contexto, según HRW, más de 3.000 menores han sido detenidos, muchos de ellos sin vínculos aparentes con estructuras criminales.
“Las detenciones en muchos casos parecen basarse exclusivamente en denuncias anónimas o en la apariencia física de los jóvenes”, afirmó HRW. La organización también denunció que algunos agentes policiales han revelado que las autoridades los presionan para cumplir con cuotas diarias de arrestos.
HRW destacó que varios de estos menores detenidos y sus familias han sido víctimas de violencia de pandillas, incluyendo intentos de reclutamiento forzado y amenazas de muerte, lo que agrava su situación de vulnerabilidad.
Preocupación internacional por la reforma
Las reformas a la Ley Penal Juvenil tienen como objetivo, según el Congreso salvadoreño, garantizar que “los menores de edad pertenecientes a pandillas cumplan sus condenas en centros penales de adultos” cuando sean declarados culpables de delitos relacionados con el crimen organizado. Según los legisladores, esto evitará que estos menores reciban el mismo trato que quienes han cometido delitos de menor gravedad o de manera aislada.
El pasado 13 de febrero, diversas organizaciones internacionales expresaron su preocupación por estas reformas, entre ellas el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el Comité de los Derechos del Niño (CRC), la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas para Centroamérica (OACNUDH-CA) y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA). Estas instituciones han instado al Gobierno salvadoreño a garantizar el respeto a los derechos de la niñez y a reconsiderar la aplicación de la reforma penal.
Con información de EFE
