Buenos Aires (EFE) – La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), adscrita al Ministerio de Salud, anunció este jueves que revisará la resolución que describe a personas con distintos grados de discapacidad mediante términos como “idiotas”, “débiles mentales” e “imbéciles”. Tras la fuerte polémica generada, el organismo aclaró que se trató de un error sin intención discriminatoria.
“Queremos aclarar que la publicación de estos términos no tuvo ninguna intención de discriminar, sino que se derivó del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta”, manifestó la ANDIS en su sitio web.
Estos términos aparecen en el anexo de la Resolución 187/2025, publicada el mes pasado en el Boletín Oficial de la Nación, la cual establece los “criterios médicos” para determinar la invalidez laboral. Dentro del apartado titulado “Retardos Mentales”, la norma clasifica a las personas en categorías como “idiota”, “imbécil” o “débil mental” —siendo esta última subdividida en “profundo”, “moderado” o “leve”— y establece que solo aquellos con debilidad mental profunda o mayor tendrían derecho a una pensión.
“Modificaremos la Resolución 187/2025 y su anexo siguiendo los estándares médicos y normativos actuales, de modo que la terminología utilizada se alinee con las referencias internacionales”, explicó el organismo en un comunicado. Además, se reafirmó el compromiso con un sistema de evaluación justo, transparente y basado en criterios médicos y en un análisis integral de la situación socioeconómica, para asegurar que las pensiones no contributivas por invalidez laboral se otorguen únicamente a quienes realmente las necesitan.
La decisión de modificar la normativa se produce tras el rechazo generalizado expresado por diversos sectores y organizaciones. El Foro Permanente Discapacidad emitió un comunicado en el que calificó la resolución como “un retroceso inadmisible que atenta contra los derechos de las personas con discapacidad” y exigió su revisión inmediata. Por su parte, el diputado nacional del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, anunció en su cuenta de X la intención de presentar un proyecto en el Parlamento para rechazar la resolución, en apoyo a las demandas de las personas con discapacidad y sus familias.
Asimismo, siete organizaciones argentinas de derechos humanos —entre ellas la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)— habían presentado el pasado 3 de febrero un reclamo administrativo en el que solicitaban la derogación urgente de la norma, argumentando que vulnera los derechos de las personas con discapacidad.
Con información de EFE
