Ciudad de México (EFE).- Amnistía Internacional (AI) reiteró su llamado al Estado mexicano para que los derechos humanos de las mujeres, en especial la erradicación de la violencia de género, sean una prioridad en su agenda política y social.

La organización destacó que la violencia de género sigue siendo el principal obstáculo para alcanzar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en el país.

En el marco del Día Internacional de la Mujer (8M), AI emitió un comunicado en el que exhortó a las autoridades federales, estatales y municipales a garantizar el derecho de los colectivos feministas a manifestarse y exigir el respeto a los derechos de las mujeres, quienes saldrán a las calles en todo el país para hacer escuchar su voz.

“Es fundamental desarrollar políticas de largo plazo que prevengan la violencia contra las mujeres. Esto permitirá transformar las estructuras de pensamiento y erradicar los estereotipos sexistas profundamente arraigados en la sociedad mexicana, que perpetúan estas violencias”, señaló el comunicado.

Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México, subrayó que el llamado de la organización para atender la violencia de género coincide con el compromiso expresado por la presidenta Claudia Sheinbaum para impulsar la igualdad sustantiva.

Además, Olivares Ferreto instó al Estado mexicano a abrir canales de diálogo con los colectivos feministas, ya que su experiencia y trabajo diario en la defensa de los derechos de las mujeres pueden aportar soluciones valiosas.

Uno de los grandes pendientes en la agenda de género es la garantía de una reparación integral del daño en casos de feminicidio. Según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), México registró 839 feminicidios en 2024 y 827 en 2023, tras los 959 casos reportados en 2022. Para AI, estas cifras reflejan la urgencia de implementar cambios efectivos en la estrategia de prevención y atención de estos crímenes.

“Según los estándares internacionales, la reparación del daño es una obligación del Estado cuando no garantiza la vida de niñas y mujeres. Esta responsabilidad se mantiene cuando las autoridades no investigan adecuadamente los feminicidios, no sancionan a los responsables y no abordan los factores de riesgo que propician estos crímenes”, subrayó AI.

Además, la organización destacó que la participación activa de las familias de las víctimas en los procesos de reparación es un derecho que rara vez se respeta.

En su informe “Muertes Intolerables” (2023), AI documentó graves deficiencias en las investigaciones de feminicidios en Ciudad Juárez y Chihuahua, incluyendo la pérdida de pruebas clave, investigaciones sin perspectiva de género y actuaciones incompletas.

“El deficiente trabajo de las fiscalías impide que las familias accedan a la verdad, a la justicia y a una reparación integral, lo que incluye garantías de no repetición”, denunció la organización.

AI celebró la llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia de México y reconoció su sensibilidad en temas de género como un factor clave para fortalecer el diálogo con los colectivos de mujeres. En este sentido, la organización instó a que su gobierno implemente una agenda clara que incluya el acceso a un aborto seguro, una política efectiva de prevención de la violencia de género, estrategias de cuidado diferenciadas para víctimas y madres buscadoras, y el respeto al derecho a la protesta.

“El Estado mexicano tiene una deuda histórica con las mujeres. Se requieren acciones inmediatas para garantizar nuestro derecho a vivir sin miedo y libres de violencia”, concluyó Edith Olivares Ferreto.