La noche del 11 de agosto de 2022 comenzó con música, risas y conversaciones animadas sobre inversiones y criptomonedas en un bar de la zona 11. Pero la alegría se desvaneció abruptamente alrededor de las 9:30 p.m., cuando una discusión se tornó violenta, culminando en disparos que cobraron la vida de Jorge Josué Ortega Xitumul, un joven de 27 años con un futuro prometedor.

El sonido de las sirenas se mezcló con los gritos de dolor y desesperación. Ortega Xitumul yacía sin vida en el suelo del bar, mientras los testigos intentaban asimilar lo ocurrido. El presunto atacante, identificado como Jhovan Eduardo Juárez González, de 35 años, fue capturado en el lugar. La Policía Nacional Civil (PNC) informó que se le incautó un arma de fuego.

El Inicio de una Lucha por Justicia

Con pruebas contundentes, el 14 de agosto de 2022, un juzgado ordenó prisión preventiva por tres meses contra Juárez González, acusado inicialmente de homicidio y homicidio en grado de tentativa. El Ministerio Público (MP) dio inicio a las investigaciones y diligencias correspondientes.

Para la familia de Ortega Xitumul, la pérdida fue devastadora. Él era un joven con grandes aspiraciones, y sus seres queridos clamaban por justicia. En enero de 2024, las audiencias de la etapa intermedia confirmaron la acusación del MP y se ordenó la apertura a juicio.

Sin embargo, en un giro inesperado, el Juzgado Octavo Pluripersonal de Primera Instancia Penal modificó los delitos imputados, cambiándolos por homicidio en riña tumultuaria y lesiones graves. El juez argumentó que Juárez González no actuó con la intención de matar, sino de humillar y agredir, basándose en un dictamen del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Este cambio reducía la posible condena de 15 a 40 años por homicidio a una pena de 6 a 12 años, al considerar la falta de “soporte pericial” en la trayectoria balística. La defensa alegó que las pruebas presentadas eran suficientes, incluyendo videos y testimonios que evidenciaban la agresión.

Amparos, Retrasos y una Lucha sin Fin

El MP apeló la decisión, pero su recurso fue rechazado. Se programó una nueva audiencia para el 7 de febrero de 2024, donde se esperaba que Juárez González aceptara los cargos bajo el procedimiento especial de aceptación de cargos. No obstante, la audiencia fue suspendida cuando el acusado solicitó un nuevo abogado, reprogramándose para el 8 de abril de 2024.

Mientras tanto, la familia presentó un amparo que fue resuelto a su favor el 10 de mayo de 2024. La Sala Cuarta de Apelaciones revocó el cambio de delitos, argumentando que los jueces no pueden asumir el rol de las partes en el proceso penal y deben garantizar el cumplimiento de las leyes y la Constitución.

Aunque la defensa intentó revocar esta decisión, su intento fracasó, quedando firme la restauración de los delitos originales.

Una Justicia que se Hace Esperar

La audiencia definitiva fue fijada para el 27 de febrero de 2025, donde se dictó prisión preventiva para Juárez González, al tratarse de un delito que prohíbe medidas sustitutivas. Sin embargo, el acusado no se presentó, evadiendo la justicia.

Durante cerca de un año, Juárez González estuvo en prisión en el Mariscal Zavala, pero luego fue liberado y retomó su negocio de venta de repuestos en la zona 8. Hasta la fecha, no ha sido recapturado.

El Dolor de una Familia y un Sistema Judicial Cuestionado

Para la familia de Ortega Xitumul, el proceso ha sido un verdadero calvario. “Todas las pruebas, los videos, la balística y el arma incautada demuestran que esta persona cometió el crimen. No entendemos por qué ha estado y sigue en libertad”, expresaron.

Han pasado más de dos años y medio desde el asesinato, y el sentimiento de impotencia persiste. “Es decepcionante el sistema judicial en Guatemala. Nadie sabe en qué momento puede enfrentar una lucha como la nuestra”, lamentó un familiar.

La familia también hizo un llamado a la sociedad a denunciar cualquier hecho delictivo. “Esta persona sigue en la calle y está armada. ¿Cuándo volverá a suceder una tragedia similar? A pesar del miedo, aquí estamos, buscando justicia para que este delito no quede impune”, concluyeron.

Este caso sigue siendo un símbolo de los desafíos que enfrentan las familias guatemaltecas en su búsqueda por justicia, en un sistema donde la lentitud y las decisiones cuestionables parecen obstaculizar el camino hacia la verdad.