Patricia Gámez y Alicia Franco fueron electas como presidenta de la Junta Directiva y del Tribunal de Honor, respectivamente, del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG). Sin embargo, al intentar tomar posesión de sus cargos este jueves 20 de marzo, se encontraron con una inesperada situación: la sede del CANG estaba completamente cerrada y sin presencia de personal, ni siquiera de seguridad.

Este hecho se suma a una notificación recibida el miércoles 19 de marzo, en la que las autoridades salientes informaban que no se llevaría a cabo el proceso de transición, debido a que existe una apelación pendiente de resolución.

En conferencia de prensa, Patricia Gámez calificó la decisión como ilegal y argumentó que las funciones de las autoridades actuales no pueden extenderse más allá de su período. Además, señaló que la apelación interpuesta no tiene efectos suspensivos sobre la toma de posesión.

“Vamos a asumir las funciones para las que fuimos electos. Solo el Tribunal Electoral es el órgano competente para emitir una disposición al respecto, y hasta ahora no ha emitido ninguna. Por lo tanto, sigue vigente la notificación oficial de los resultados y la resolución que impide el cambio carece completamente de validez”, afirmó Gámez.

La apelación

La negativa de las autoridades actuales del CANG para entregar el mando se fundamenta en una apelación presentada por el abogado Diego Sagastume Vidaurre, quien también fue candidato en el proceso electoral.

Sagastume argumenta que durante la elección se cometieron supuestas irregularidades, por lo que solicita que el proceso sea anulado. Mientras tanto, la incertidumbre institucional continúa y el futuro de la transición queda en manos del Tribunal Electoral correspondiente.