El Congreso de la República realizó un millonario desembolso entre enero y febrero de este año, como resultado de una demanda interpuesta por 30 trabajadores que reclamaron el incumplimiento de un aumento salarial del 10% durante ocho años, desde 2017.

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El caso cobró notoriedad a finales de 2024, cuando un juzgado ordenó a la Junta Directiva del Congreso efectuar el pago retroactivo correspondiente y ajustar los sueldos de los empleados afectados.

Tras agotar todas las instancias legales, la Junta Directiva, presidida por Nery Ramos, acató la resolución judicial y autorizó los pagos. De acuerdo con el portal de transparencia del Legislativo, los desembolsos se efectuaron en el primer bimestre de 2025.

Aunque el Congreso no ha revelado públicamente el monto total desembolsado, estimaciones indican que la cifra supera los Q3 millones.

¿Cuánto recibió cada trabajador?

Trabajadores beneficiados confirmaron al medio Soy502 que la Junta Directiva cumplió con el pago, el cual varió según el salario base que cada persona percibía al momento en que se suspendió el aumento anual del 10%.

Los montos individuales oscilaron entre Q60,000 y Q260,000. Algunos empleados recibieron sumas intermedias como Q75,000, Q150,000 o Q200,000. Aquellos que obtuvieron los pagos más altos eran trabajadores cuyo salario había alcanzado el tope permitido, equivalente al sueldo de un diputado, es decir, Q29,150 mensuales.

Soy502 corroboró que los pagos fueron realizados en una única cuota durante febrero.

¿Cómo se calculó el retroactivo?

Para ilustrar el cálculo del retroactivo, se presentó el caso hipotético de un empleado que ganaba Q10,000 en 2017. Al aplicarse el incremento del 10% anual no otorgado durante ocho años, el monto acumulado a pagar superaba los Q137,000.

Este tipo de cálculo fue la base para determinar los montos individuales a pagar, dependiendo del salario base de cada trabajador.

Aumentos salariales significativos

La resolución judicial no solo ordenó el pago retroactivo, sino también la nivelación de sueldos. Como resultado, algunos trabajadores vieron duplicados sus ingresos. Por ejemplo, empleados que ganaban Q7,300 en diciembre de 2024 pasaron a percibir Q15,550 desde enero de 2025.

El caso más destacado fue el de una asistente de la Unidad de Archivo, quien ya se encontraba entre los salarios más altos del Congreso. Su salario se incrementó de poco más de Q56,000 a Q72,307 mensuales.

Otros empleados beneficiados registraron aumentos de entre Q3,000 y más de Q6,000, y a partir de ahora, según lo estipulado, sus sueldos deberán aumentar en un 10% cada año sobre su nuevo salario base.

Origen del conflicto

La disputa legal se remonta a 2016, durante la presidencia de Mario Taracena en el Congreso. En ese año se reformó la Ley de Servicio Civil del Legislativo, con el objetivo de contener los altos salarios del personal permanente.

Hasta entonces, muchos trabajadores ganaban más que ministros, jueces o incluso magistrados, debido a lo estipulado en el Pacto Colectivo de Condiciones Laborales, que permitía aumentos anuales del 10% acumulables.

Tras la reforma, los aumentos dejaron de capitalizarse, lo que limitó significativamente el crecimiento salarial. Esto motivó al grupo de 30 empleados a interponer una demanda colectiva, la cual fue resuelta a su favor en 2024.

La sentencia obligó al Congreso a compensar a los trabajadores con el retroactivo correspondiente y ajustar sus salarios conforme al incremento acumulado no aplicado durante ocho años.

Impacto financiero y posturas enfrentadas

Desde que el fallo se hizo público, autoridades del Congreso advirtieron que la resolución representa una carga financiera considerable para el Estado. Según expresaron, podría generar un precedente perjudicial para las finanzas del Legislativo.

No obstante, los trabajadores argumentan que simplemente reclamaron sus derechos ante una normativa que califican de “arbitraria e inconstitucional”, implementada durante la presidencia de 2016.

“Esta normativa vulneró nuestros derechos adquiridos, al ordenar recortes salariales injustificados y desconocer el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. Incluso se nos descontó el 10% del salario otorgado entre enero y junio de ese año, lo cual persistió hasta la fecha”, afirmaron en su momento.