El gobierno de Estados Unidos revocó la visa del expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias Sánchez. La decisión lo suma a una creciente lista de figuras políticas costarricenses a quienes, durante la administración de Donald Trump, se les retiró este documento sin que se ofrecieran explicaciones oficiales.
Arias, quien fue presidente en dos ocasiones (1986-1990 y 2006-2010), confirmó a medios locales haber recibido un correo electrónico notificándole la revocación de su visa, aunque aseguró desconocer los motivos detrás de la medida. El exmandatario anunció que ofrecerá una conferencia de prensa este martes para referirse al tema.
En sus redes sociales, Arias ha sido crítico del gobierno de Donald Trump, en especial por su enfoque frente al conflicto entre Rusia y Ucrania. También ha cuestionado la postura del actual presidente costarricense, Rodrigo Chaves, con respecto a la visita, en febrero pasado, del secretario de Estado norteamericano Marco Rubio.
“El enemigo de hoy es China. Siempre he creído que Estados Unidos es una nación que necesita tener un enemigo. Esa narrativa ha servido para sostener su industria armamentista y justificar un gasto de un billón de dólares (un trillón según la nomenclatura estadounidense) en armas y soldados”, escribió Arias en su perfil de Facebook el pasado 3 de febrero.
Un repaso a su gestión
Durante sus gobiernos, Arias promovió una política exterior independiente. “Jamás recibimos órdenes de Washington, como si fuéramos una república bananera”, declaró recientemente.
En su segundo mandato, fue impulsor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y lideró el establecimiento de relaciones diplomáticas con China en 2007, lo que derivó en un acuerdo comercial con esa nación asiática.
Tras la visita de Marco Rubio a Costa Rica, Estados Unidos también retiró la visa a otros políticos, entre ellos el diputado Francisco Nicolás (del Partido Liberación Nacional, al que también pertenece Arias), y a las legisladoras Johana Obando y Cynthia Córdoba, del Partido Liberal Progresista. Asimismo, fue sancionada Ana Sofía Machuca, auditora general del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Estas figuras han sido señaladas por el presidente Chaves y miembros de su gabinete por presuntamente favorecer a Huawei, la empresa china de telecomunicaciones interesada en competir por contratos de desarrollo de redes 5G en el país.
Tensiones en la relación EE.UU. – Costa Rica
Durante su visita, Rubio felicitó al gobierno de Chaves por excluir a compañías chinas de los procesos relacionados con la infraestructura 5G, y advirtió que funcionarios que colaboren con actores extranjeros que amenacen la ciberseguridad de EE.UU. podrían enfrentar sanciones.
En 2023, el gobierno costarricense emitió un decreto que exige que los países de origen de las empresas interesadas en participar en licitaciones para redes 5G sean firmantes del Convenio de Budapest contra la ciberdelincuencia. China, donde se encuentra la sede de Huawei, no forma parte del acuerdo, lo que ha dejado a la empresa fuera de competencia, aunque esta ha interpuesto recursos legales.
El Ejecutivo costarricense ha defendido que esta medida busca salvaguardar los datos de empresas y ciudadanos. Sin embargo, sus cuestionamientos a la transparencia del gobierno chino han tensado las relaciones con la embajada asiática.
