Bogotá, 24 feb (EFE).- Los procesos de paz impulsados por el Gobierno colombiano con diversos grupos armados no necesariamente han resultado en una mejor protección de los derechos humanos de la población civil, según advierte Juan Carlos Monge, representante encargado de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

“Estos procesos de diálogo no siempre generan un impacto positivo en la garantía de los derechos de la población civil, lo que representa una preocupación significativa”, señaló Monge en una entrevista con EFE, tras la presentación en Bogotá del informe anual de 2024 sobre la situación de los derechos humanos en el país.

Crisis en el Catatumbo: Combates y desplazamientos masivos

Un ejemplo alarmante de esta problemática se observa en la región del Catatumbo, en el noreste del país. Allí, los enfrentamientos entre dos grupos con los que el Gobierno sostiene negociaciones —la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor de los Bloques (EMB), una disidencia de las FARC— han dejado al menos 70 muertos y han provocado el desplazamiento de más de 50.000 personas desde el 16 de enero, según datos del Ministerio de Defensa.

“Lo que hemos visto en los últimos meses en el Catatumbo es una prueba clara de que los diálogos, por sí solos, no garantizan la protección de la población”, enfatizó Monge. No obstante, reiteró que, a pesar de las dificultades, “la paz es el camino” y que la ONU respalda los esfuerzos de diálogo y negociación.

Sin embargo, advirtió que estos procesos deben tener como eje central la protección de los derechos humanos. “Si no parten de la garantía y protección de los derechos de la población civil, no están contribuyendo significativamente a la solución del conflicto”, afirmó.

Para ello, Monge subrayó la necesidad de una presencia estatal más sólida en los territorios afectados. “No se trata solo de una presencia militar, sino de una oferta integral del Estado colombiano que permita garantizar los derechos fundamentales de la población”, puntualizó.

Violencia persistente y el impacto de los grupos armados

El informe presentado por la ONU destaca que en 2024 se registraron 72 masacres en Colombia, con un saldo de 252 víctimas mortales, lo que representa una reducción del 27 % respecto a 2023.

Asimismo, la Oficina del Alto Comisionado recibió 191 denuncias de homicidios contra defensores de derechos humanos, de los cuales se verificó que en 89 casos hubo un vínculo directo entre la labor de la víctima y su asesinato.

“Cuando hablamos de cifras verificadas, nos referimos a datos obtenidos mediante observación directa y análisis riguroso. Para ser considerados como tal, deben cumplirse dos condiciones: que la persona asesinada fuera defensora de derechos humanos y que se haya establecido una relación clara entre su muerte y su actividad de defensa”, explicó Monge.

Preocupante aumento del reclutamiento infantil

Uno de los datos más alarmantes del informe es el aumento en el reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales. La ONU verificó 216 casos en 2024, de los cuales 118 corresponden a niños, 86 a niñas y 12 sin confirmación de género.

“Estamos ante un incremento preocupante en comparación con años anteriores. En total, la oficina ha documentado cerca de 600 casos en los últimos años, lo que refleja una tendencia ascendente”, alertó Monge.

El reclutamiento de menores expone a niños, niñas y adolescentes a múltiples formas de violencia, incluyendo abuso sexual y explotación con fines sexuales. “Este problema no solo afecta a los menores, sino que la violencia de género en el marco del conflicto armado sigue siendo una realidad en diversas regiones del país”, agregó.

El desafío del Estado frente a los grupos armados

El informe también resalta que la presencia de grupos armados no estatales sigue generando graves violaciones a los derechos humanos en diferentes regiones del país.

“Estos grupos infringen el derecho internacional humanitario y tienen un impacto devastador en la población civil”, concluyó Monge, subrayando la urgencia de una respuesta integral del Estado colombiano para garantizar la protección de los derechos fundamentales de sus ciudadanos.

Con información de EFE