Un juez federal de Estados Unidos ordenó este martes al Gobierno del expresidente Donald Trump restituir los servicios de Voice of America (VOA), el medio de comunicación financiado por el Estado que, durante más de 80 años, ha sido un referente informativo a nivel global.
En su fallo, el juez Royce Lamberth, del Distrito de Columbia, dictaminó que el desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales (USAGM) —organismo responsable de financiar a la VOA y a otras emisoras internacionales— fue probablemente ilegal y contravino principios constitucionales.
“La negativa del Gobierno a utilizar los fondos conforme a las leyes de asignaciones del Congreso representa una afrenta directa al poder legislativo”, afirmó el magistrado.
En un documento de 37 páginas, el juez calificó la decisión de la administración Trump como “arbitraria y caprichosa”, subrayando que se ejecutó sin la debida consideración de sus obligaciones legales y constitucionales.
El Gobierno deberá restaurar operaciones y personal
La sentencia exige al Ejecutivo estadounidense restablecer de forma inmediata los empleos de todos los trabajadores y contratistas de VOA. Asimismo, deberá descongelar los recursos financieros destinados a otras cadenas afiliadas como Radio Free Asia y Middle East Broadcasting Networks.
Según la orden judicial, la programación de VOA y las funciones de USAGM deben reanudarse para garantizar que estos medios internacionales puedan “ofrecer noticias confiables, verificables, precisas, objetivas y completas”.
Voice of America contaba con un presupuesto anual de aproximadamente 270 millones de dólares, más de 2.000 empleados y transmisiones en 49 idiomas. De acuerdo con The New York Times, su audiencia semanal superaba los 361 millones de personas en todo el mundo.
Fundamentos del fallo
Desde el inicio de su mandato en 2017, Trump mantuvo una postura crítica hacia USAGM. En marzo de 2021, firmó una orden ejecutiva que instruía a las agencias federales a eliminar funciones no contempladas legalmente y a reducir su personal al mínimo exigido por la ley.
“Esta orden forma parte del esfuerzo por reducir los componentes de la burocracia federal que el presidente considera innecesarios”, señalaba el documento firmado el 14 de marzo.
Sin embargo, el juez Lamberth consideró que la forma en que se ejecutó dicha directiva violó incluso los términos establecidos por la propia orden ejecutiva.
“Se tomaron medidas drásticas de forma inmediata, sin evaluar las funciones legales o constitucionales que debían mantenerse, y sin medir el daño causado a empleados, contratistas, periodistas y audiencias alrededor del mundo”, concluyó el juez en su fallo.
